Las protestas detonadas por un alza de tarifas del sistema de transporte subterráneo de Santiago dejaron al descubierto el descontento social en una nación vista como modelo de desarrollo y estabilidad en América Latina.
El lunes circulaban convocatorias por redes sociales a manifestaciones de diversa índole en varias ciudades del mayor productor mundial de cobre.
“No podemos conmemorar, y mucho menos celebrar, si nosotr@s no hemos ganado nada aún”, se leía en un llamado a protestar en el edificio donde una asamblea redacta la nueva Constitución, uno de los logros de las movilizaciones del 2019.
La autoridad de tránsito informaba de bloqueos de calles y restos de barricadas en algunos puntos de Santiago. Una manifestación ocurría frente al Costanera Center, un complejo comercial que incluye un rascacielos símbolo de la ciudad.
De acuerdo a datos oficiales, el estallido de 2019 dejó pérdidas por 1.600 millones de dólares entre infraestructura pública y privada.
Las manifestaciones, que se extendieron hasta la llegada de pandemia de coronavirus en marzo 2020, dejaron más de una treintena de fallecidos, además de más de 300 personas que sufrieron traumas oculares debido a la acción de las fuerzas de seguridad.
En días previos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un informe donde revela que solo cuatro agentes del Estado han sido condenados por abusos cometidos durante las protestas y consideró insuficientes las acciones del Gobierno para modernizar y profesionalizar la policía.
La fuerte presión social del estallido generó un amplio acuerdo político que llevó a convocar el referendo que aprobó la idea de rescribir la Constitución del país, en lo que actualmente trabaja una asamblea designada para ello. AF