La mordaza, en Hong Kong, tiene un nombre: Ley de Preservación de la Seguridad Nacional. Entró en vigor justo hace un año, el 30 de junio de 2020, y desde entonces los hongkoneses viven amedrentados por el miedo a las detenciones arbitrarias y sin cargos, o con cargos inflados hasta convertir una protesta en un acto “terrorista”. Miedo a mostrarse críticos con China y acabar en la cárcel.

Esta región administrativa especial, antes conocida por su enorme libertad de pensamiento y de emprendimiento, se ha hecho silenciosa a base de un articulado paralizante y de una pandemia de coronavirus que ha sido, en términos de oposición, agua de mayo para Pekín, ha borrado de las calles todo atisbo de manifestación. Muertas las libertades de expresión o de prensa, queda quedarse callado, rebelarse y acabar entre rejas o irse. Deprimente y sin visos de mejorar.

Lo que dice la norma

La ley fue impuesta por Pekín saltándose el parlamento local. Su objetivo era recuperar el control del territorio tras las masivas protestas prodemocráticas de 2019. Buscaba, supuestamente, perseguir todas las actividades consideradas como “independentismo”, “terrorismo”, “subversión de los poderes del Estado” y “confabulación con fuerzas extranjeras”. Cuatro cajones de sastre en los que todo cabe, si el empeño es retorcer la realidad para meter entre rejas a quien molesta. La pena máxima para esos delitos es la cadena perpetua. También limita las protecciones que se conceden a los encausados y amplía los poderes de las fuerzas de seguridad locales.

Todo ello viola el statu quo de Hong Kong, que fue una colonia británica hasta hace 22 años, cuando volvió a manos de China, que actualmente administra el territorio bajo el principio de “un país, dos sistemas”. No podía dar marcha atrás a unas prebendas logradas mientras dependía de la metrópoli europea, así que la ciudad ha mantenido desde 1997 su independencia judicial, sus propias leyes, su parlamento, su sistema económico y su moneda, el dólar de Hong Kong.

Pero la Ley Básica que rige en Hong Kong vencerá en 2047 y no está claro qué sucederá con la autonomía del territorio entonces. Lo que es patente es que el Partido Comunista de China, en el poder, incumple cada vez más abiertamente ese acuerdo que debe durar 50 años, entre otras cosas, promoviendo cambios en leyes que dañan lo pactado.

Desde la promulgación de la ley en Asamblea Nacional en Pekín, un año atrás, han sido detenidas 117 personas por cargos contemplados en la norma, de las que al menos 64 han sido acusadas formalmente. En su mayoría se trata de manifestantes, periodistas y políticos a favor de la democracia. La semana pasada comenzó el primer juicio de una persona procesada por infringir la ley, que se lleva a cabo sin jurado y en presencia de tres jueces especialmente seleccionados. Desde hacía 176 años, los juicios penales en la ciudad se celebraban siempre con jurado.

El principal periódico de oposición, el Apple Daily,cerró hace una semana debido a las presiones recibidas y una cincuentena de los principales opositores que participaron en unas elecciones primarias informales se encuentran hoy la cárcel. Los que están fuera arriesgan el pellejo o se exilian. Lejos de reprimendas, los cargos de quienes están aplicando la norma con celo van corriendo, hacia la cima del funcionariado local. Como premio.

En el informe Hong Kong: en el nombre de la seguridad nacional, publicado esta semana por Amnistía Internacional, se denuncia que “se ha dado a las autoridades vía libre para criminalizar ilegítimamente la disidencia al mismo tiempo que ha suprimido los derechos de las personas contra las que se aplica”.

Las personas acusadas en aplicación de la Ley son “efectivamente objeto de la presunción de culpabilidad y no de inocencia”, lo que significa que se les niega la libertad provisional a menos que puedan demostrar que no “continuarán cometiendo actos que ponen en peligro la seguridad nacional”, añade. LS