No se puede pensar en un lugar más estadounidense para empezar la vida en este país: el estacionamiento de un centro comercial, frente a un local de hamburguesas.
Es allí donde el gobierno de Estados Unidos empezó a dejar el pasado febrero a grupos de migrantes que habían cruzado la frontera sin documentos desde México al pueblo fronterizo de Yuma, en la desértica Arizona.
Apenas al cruzar, estos migrantes se habían entregado a la Patrulla Fronteriza, luego habían sido procesados y ahora, en ese estacionamiento, quedaban a su suerte.
La mayoría sin saber que estaban en esa comunidad, mucho más acostumbrada a recibir inmigrantes cultivadores de lechuga que solicitantes de asilo.
Sin una estación de buses, ni albergue y un aeropuerto que solo tiene vuelos a dos ciudades, en la localidad de menos de 100.000 habitantes los migrantes quedaban a la deriva.
Hasta que los propios residentes se organizaron.
“Estamos en la primera línea”
Cada mañana, Fernando “Fernie” Quiroz recibe una llamada del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en la que le indican el número de migrantes que liberarán ese día.
El nativo de Yuma de 48 años es profesor voluntario de lucha libre en la escuela secundaria local y ahora, también, se dedica a coordinar el recibimiento de los migrantes una vez quedan fuera de custodia.
Hijo de inmigrantes mexicanos, Quiroz y otro grupo de locales se han hecho con la responsabilidad de hacer pruebas de coronavirus a los recién llegados, pues el gobierno no las proporciona.
También se encargan de gestionar autobuses que los transportan a albergues en otras ciudades a diario.
Mucho del trabajo se hace a partir de donaciones y gastos que luego tratarán de cobrar a la administración Biden.
“Las agencias federales están a tope. A veces los números (de migrantes) suben inesperadamente”, dice Quiroz desde su centro de operaciones, un rincón de su sala con un pequeño escritorio. En el fondo, fotos de su hija y un afiche de la sindicalista agrícola Dolores Huerta.
En efecto, con la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia el pasado enero, el número de cruces fronterizos ha aumentado exponencialmente y, de acuerdo a su propio gobierno, está en vías de alcanzar récords no vistos en 20 años.
Aquí es evidente.
El sector fronterizo de Yuma, que abarca más de 200 kilómetros de terreno desértico, es uno de los que ha visto un mayor incremento (más del 200%) en los cruces durante el mes de marzo, en comparación con el mismo periodo de 2020.
Durante el mes de abril, 14.000 migrantes fueron interceptados en el sector, de acuerdo a datos preliminares obtenidos por la agencia AP.
Aunque la gran mayoría de los migrantes interceptados son expulsados de vuelta a México con el argumento de la pandemia, algunos son admitidos.
Vincent Dulesky, portavoz del CBP en Yuma, no precisó qué criterio se utiliza para permitir quién puede permanecer en este territorio y quién no, pero indicó que México “determina quién puede ser retornado” a ese país.
Aun así, las autoridades se han visto desbordadas, no solo en Yuma, sino en localidades similares a lo largo de la frontera sur.
Las oficinas para procesar a los migrantes no dan abasto y en el caso de Yuma, en días recientes se habilitó una infraestructura temporal que puede albergar hasta a 250 migrantes por un límite legal de 72 horas.
Dulesky aclaró que la agencia no administra pruebas de covid-19, pero si sospechan que hay una persona enferma del virus, “los llevamos al hospital inmediatamente y ahí les hacen una prueba”.
Son tantos los niños y bebés que llegan junto a sus padres que algunas salas del espacio tienen juguetes. La imagen choca de pleno con el frío ambiente, marcado por el constante estruendo del aire acondicionado en toda la instalación.
La primera llamada
“Ahorita cuando se bajen, es cuando van a estar libres. Pa’ mañana en la tarde ustedes están con su familia, ¿ok?”, dice el profesor de lucha libre y coordinador, Quiroz, a bordo de un autobús de la Patrulla Fronteriza que trae a un grupo de unos 40 migrantes al sitio de testeo de covid-19.
Se escucha un aplauso que, más que euforia, lo que transmite es alivio.
En el grupo hay brasileños, ecuatorianos, rumanos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses. También hay personas con discapacidades, mujeres embarazadas y un bebé de apenas dos meses.
La mayoría cruzó desde México después de caminar en el desierto por horas y luego pasaron varias noches en la detención estadounidense.
El sitio de testeo son dos carpas dispuestas en un estacionamiento bajo el sol punzante de Arizona. Pero representa mucho más para los que llegan.
Es aquí donde por primera vez los migrantes tienen acceso a una red de wifi para llamar a sus familiares.
Los que llegan sin celular piden prestados a los voluntarios.
“¿Dónde estamos?”, pregunta Rosario Zabala, una venezolana de 65 años que viajó junto a su esposo Eddie, que es diabético y sufrió un desmayo en el trayecto.
Zabala recalca que buscó todos los mecanismos legales posibles para reunirse con su único hijo en Estados Unidos, pero le negaron el visado y no tuvo opción de pedir una residencia.
En su casa en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, la pareja dice que vivía sin acceso a los servicios básicos, como agua y gas y en un clima de inseguridad.
“Andábamos todos tullidos porque hacíamos todo a pie, no hay transporte. Ahora con el covid, menos”, explica.
“Sabía que venir así no es un delito, uno tiene derecho a pedir esta protección aquí. Así que eso hicimos”, añade.
Lo peor ya había pasado, insistía la mujer, que cada tanto preguntaba dónde podía comprarse unos zapatos nuevos porque no quería “que su hijo la viera así”.
El procedimiento si alguno de los migrantes da positivo es transportarlo a un hotel en Yuma donde será examinado todos los días hasta obtener un negativo, explica Amanda Aguirre, presidenta del Centro Regional para Salud Fronteriza, donde se administran las pruebas de covid a los migrantes.
El centro también contrató buses que transportan a los migrantes a localidades en Arizona y California, donde sí hay albergues.
“Es lo humanitario que hay que hacer. Pero por supuesto esto genera un gasto que estamos asumiendo y esperamos que nos reembolse el gobierno federal”, dice.
El gobierno estadounidense no provee de un sistema de viviendas temporales para estas personas, por lo que muchas dependen del apoyo de familiares ya establecidos en el país.
En los albergues hay camas y comedores, y también les ayudan a reservar boletos aéreos para viajar a sus destinos finales.
Es el caso de Adrián y Verónica Meza, una pareja de pastores cristianos nicaragüenses que salieron de su país junto a sus hijos de 5 y 11 años.
Desde un albergue en Mecca, California, la familia cuenta que no le dijo a nadie que saldría del país, excepto a la hermana de Adrián, que los recibiría en Florida.
“Salimos por la situación política que está pasando en nuestro país. Si tú hablas mal, te echas preso, te marcan tu casa. Hay una frase que ponen: ‘plomo, plomo'”, explica Adrián.
Cuesta que este hombre de 45 años pierda la sonrisa, pero recordar una parte del trayecto le hace quebrarse.
“Estábamos en una finca en el monte y yo recogí unas tablas y puse unos sacos para dormir a Giovanni (su hijo). Y al verlo tirado ahí, en el suelo, solo pedí ayuda a Dios. Me dolió mucho, porque uno quiere lo mejor para sus hijos”
Verónica es la primera del lado de su familia en salir de Nicaragua, y solo pensarlo le mueve a las lágrimas.
“Yo le decía al Señor que me diera la oportunidad algún día de venir a este país, porque aquí hay futuro”, dice.
Salieron con las posesiones más preciadas, entre ellas una Biblia y una foto de la familia.
Ahora se suma un nuevo e importante documento: el que les entregaron las autoridades de EE.UU., que les permitirá viajar dentro del país y contiene la información sobre su próxima audiencia de presentación para defender su caso en Florida.
En el albergue, los mismos migrantes que horas antes estaban tensos y agotados por fin se permiten la distensión.
Aprovechan para compartir una comida caliente e intercambiar contactos. Después de haber vivido juntos la intensa experiencia, muchos quizá no volverán a verse más.
El muro que ya no es
Aunque la gran mayoría de los migrantes liberados en Yuma no se quedan allí, las autoridades locales advierten del problema que supone su paso.
El alguacil del condado de Yuma, Leon Wilmot, recorre en su camioneta pick up kilómetros de la valla que divide a Arizona de México, hasta que llega a un punto en el que no hay más barreras y se observa material de construcción y acero en el suelo.
“Todo esto quedó aquí abandonado, obviamente después de que el presidente (Biden) ordenara parar la construcción. Así que ahora nos han dejado con estas brechas a lo largo de los límites internacionales”, dice.
A los pocos minutos se observa a al menos una decena de migrantes cruzando por esos espacios, la mayoría con bebés y niños…MG