“Exigimos la destitución inmediata del Ministro Gendri Reyes y del director de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzubán, quienes dieron las órdenes para reprimir a la población y que el Ministerio Púbico inicie una investigación penal en su contra”, pidió Alianza.

El sábado, un grupo de manifestantes incursionó al Congreso e incendió una parte de sus oficinas. Posteriormente, la policía disolvió con gases lacrimógenos alrededor de 10,000 personas que protestaban pacíficamente a unas cuadras en la Plaza de la Constitución.

La protesta dejó un saldo de al menos 12 policías heridos, así como 15 de los manifestantes, dos de ellos de gravedad, y más de una treintena de detenidos. La represión policial en las calles se extendió a varios departamentos del país, según reportes de los medios.

Varias personas fueron agredidas y golpeadas, entre ellos periodistas que fueron atendidos por paramédicos. Vídeos mostraron cómo la policía arrastraba y golpeaba a por lo menos tres mujeres que protestaban.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó la fuerte respuesta policial a las manifestaciones, al tiempo en que solicitó una investigación de los actos de vandalismo contra el Congreso.

“De acuerdo con los estándares interamericanos sobre el derecho a la protesta y los derechos humanos, los estados deben respetar la manifestación pacífica”, indicó.

En esa misma dirección, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, dijo sentirse preocupado por las denuncias de uso excesivo policial. “El gobierno debe respetar los derechos de los manifestantes”, señaló… R.B