Acuña, de 44 años, recibió una brutal paliza el 23 de octubre de 2019 cuando asistía a una manifestación en Buin, a las afueras de Santiago.

Por aquellos días acaba de estallar en Chile la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que duró hasta la llegada de la pandemia en marzo y dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

Su tía recuerda que eran un puñado de vecinos, incluidos niños, los que salieron a la calle a poner velas por las víctimas, pero apareció una patrulla policial y ‘se enzarzó’ con él. Estuvo en coma algo más de un mes. Hoy apenas es capaz de seguir la mirada con los ojos y hacer un poco fuerza con las manos.

No saben el daño exacto que tiene porque nunca llegaron a hacerle una resonancia. Proveniente de una familia muy humilde y sin padres, Acuña era un trabajador informal, que no cotizaba y que, por tanto, no tiene derecho a sanidad pública en Chile.

‘El Gobierno no se ha hecho cargo y el hospital, menos. Me enseñaron a aspirarlo, pero no a limpiarle la traqueo ni la gastro. Fui aprendiendo con las pocas enfermeras que venían al principio’, denuncia.

Sobreviven gracias a la ayuda vecinal y a los fondos que varias organizaciones sociales consiguen recaudar. Todo es donado, desde la cama clínica hasta las sondas por donde le alimentan.

Su caso está bajo investigación, pero hay muy pocos avances a un año de la fatal golpiza: ‘Ya no quiero su ayuda, sólo pido justicia’, clama.

NI LAS CONDOLENCIAS

Otrora una de las instituciones más respetadas de Chile, el cuerpo policial de Carabineros está en el punto de mira por su crudeza en la represión de las marchas y diversos organismos internacionales, como la ONU, les han acusado de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Según el Ministerio Público, hay más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad, pero sólo 66 agentes han sido imputados.

Ninguno de ellos tiene relación con la muerte de Álex Núñez, un electricista de 39 años que no sobrevivió a la paliza que recibió el 20 de octubre en Maipú, otra localidad de la periferia capitalina.

Núñez ni siquiera estaba manifestándose. Fue a entregar un equipo en pleno toque de queda cuando le sorprendió un control: ‘Me dijo (antes de perder la consciencia) que le golpearon como si su cabeza fuera una pelota de fútbol’, indica a Efe Natalia Pérez, su expareja y madre de sus tres hijos.

‘Hay que encontrarlos y sacarlos de la calle porque esos asesinos siguen trabajando. Sus compañeros que saben lo que pasó son igual de culpables. Si quieren limpiar la institución, deben hablar’, agrega.

El joven es una de las cinco víctimas en las que el Estado chileno reconoció su responsabilidad y se presentó como querellante, pero su causa tampoco progresa.

A Pérez, que no ha recibido ‘ni las condolencias’ por parte del Gobierno, le gustaría salir a marchar este fin de semana, cuando se cumple un año del estallido social y se espera una multitudinaria concentración, pero cree que lo mejor para sus hijos es irse al campo y desconectar: ‘Estos tipos no se han dado cuenta del dolor que han provocado’.

NOS VEN COMO ENEMIGOS

Brandon Camus, de 23 años, a veces se siente culpable porque está vivo, conserva el globo ocular y ‘sólo’ ha perdido la vista de su ojo derecho, pero no puede controlar la ‘rabia’ que siente contra los Carabineros. La pintura es lo único que le calma.

Un agente le disparó un balín el 14 de noviembre cuando volvía a casa tras marchar por Valparaíso, a 100 kilómetros de Santiago, y aún se le eriza la piel cuando recuerda el momento en que llegó al hospital.

‘Era como un recinto de guerra, estaban todos sangrando, con un montón de heridas y perdigones’, apunta a Efe el universitario, delante de su mesa de trabajo, llena de rostros heridos y dolientes.

Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir perdigones y bombas lacrimógenas en la cara dieron la vuelta al mundo y obligaron al Gobierno chileno a lanzar un programa de reparación de traumas oculares y a limitar el uso de estas municiones antidisturbios.

Según el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con traumas oculares, de las que dos quedaron totalmente ciegas.

Camus, que está a la espera de una nueva operación, no forma parte del programa porque no vive en Santiago y tiene que costearse el tratamiento por su cuenta.

‘A los manifestantes nos ven como enemigos, como amenazas. Con la revuelta popular quedó en evidencia que Carabineros no funciona, deberían disolverse y crear una nueva institución con otras lógicas’, indica.

No quiere volver a marchar porque tiene pánico de que le dañen el ojo bueno, pero está ‘muy ilusionado’ con el plebiscito sobre una Constitución del próximo 25 de octubre, consciente de que un nuevo pacto social es lo único que puede ayudar a cerrar las profundas heridas abiertas en Chile… R.B