La investigación judicial de la empresa fabricante de placas solares a la que la Junta de Andalucía concedió 80,5 millones entre 2005 y 2012 (de los que cobró más de 44 millones) ha subido un peldaño en la pirámide de las responsabilidades de los antiguos gobiernos del PSOE. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha pedido a la Consejería de la Presidencia de la Junta que «aporte las actas del Consejo de Gobierno de los años 2005 a 2015, ambos incluidos» para conocer los acuerdos adoptados sobre las ayudas a la compañía malagueña por el máximo órgano de poder ejecutivo de la comunidad bajo las presidencias de Manuel Chaves (1990-2009), José Antonio Griñán (2009-2013) y Susana Díaz (2013-2019).

En una providencia a la que ha tenido acceso ABC, la magistrada accede a la petición que había cursado la Fiscalía Anticorrupción para indagar en los acuerdos al máximo nivel que se adoptaron durante once años en los Consejos de Gobierno para favorecer supuestamente a Isofotón, hoy en liquidación, por parte de la Junta de Andalucía a través de distintas líneas de ayudas a fondo perdido, avales y préstamos que no ha devuelto y que han dejado un agujero millonario en las arcas públicas. En algunos de estos consejos también se sentaba la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, primero, en su condición de consejera andaluza de Salud y, entre 2013 y 2018, como titular autonómica de Hacienda.

La juez investiga a tres exdirectivos de la empresa y a 37 ex responsables y ex altos cargos socialistas por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. En un atestado remitido al juzgado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acusó a altos cargos de su Ejecutivo en la agencia IDEA y del equipo de su sucesora, Susana Díaz, de «ocultar» hasta «en tres momentos» información vital para la investigación como la concesión de 43 millones en 2007 a Isofotón, de los que habría cobrado algo más de 6 millones..-.MP