Diana Lacayo nunca imaginó que una huelga de hambre en una iglesia se convertiría en un estado de sitio de nueve días, con la policía afuera y los servicios de electricidad y agua suspendidos al interior.

Sin embargo, para las autoridades nicaragüenses, hasta esa manifestación mínima era un reto que había que aplastar.

Durante casi dos años, los nicaragüenses se han venido levantando en contra del control de una familia, los Ortega, acusados de convertir al país en un feudo personal: el mandato del presidente no tiene plazo límite y sus hijos ocupan puestos importantes en industrias como las del gas y la televisión.

Frente a la agitación, el gobierno ha recurrido a medidas inflexibles para silenciar a la disidencia y a pesar de la economía que se colapsa, las sanciones estadounidenses y la inmigración masiva, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, todavía se aferran al poder con firmeza.

Mientras los activistas que apoyan al gobierno siembran violencia en las calles, las voces de disentimiento son acalladas mediante arrestos y asedio. Los manifestantes, violentados y asaltados por los seguidores del gobierno, algunas veces regresan a casa de las manifestaciones sin sus teléfonos e incluso sin zapatos.

“Si salimos con una bandera, vamos a la cárcel”, comentó Lacayo.

El enfrentamiento aquí en la Iglesia de San Miguel Arcángel dejó claro que ningún lugar es un santuario.

Desesperadas por hacerse escuchar, Lacayo y otras ocho mujeres fueron ahí para ver si una huelga de hambre les ayudaba a conseguir la libertad de sus maridos, hermanos e hijos, activistas políticos que languidecían en prisiones gubernamentales. Para cuando terminó, 14 personas en total, incluido un sacerdote católico, habían pasado más de una semana encerrados en su interior, rodeados de policías, mientras los suministros básicos disminuían hasta casi acabarse.

“Nos dejaron como ratas en un agujero”, comentó el reverendo Edwing Román, el pastor que quedó atrapado en la iglesia junto con los manifestantes.

Para los nicaragüenses fue otro recordatorio de que el solo hecho de manifestarse puede tener graves consecuencias.

El año pasado, parecía que el presidente estaba en la cuerda floja cuando los nicaragüenses organizaron las manifestaciones más multitudinarias en décadas. Aunque el gobierno se recuperó, las personas que estaban en huelga de hambre en San Miguel Arcángel y otros manifestantes se animaron ante la salida de este otoño del aliado boliviano de Ortega, Evo Morales.

Sin embargo, pese a toda su ideología compartida de izquierda e inclinación al autoritarismo, Ortega goza de una cosa que Morales no tiene: el Ejército y la policía nacional se han mantenido a su lado, protegiéndolo como lo han hecho las fuerzas de seguridad por Nicolás Maduro en Venezuela y otros líderes autoritarios en todo el mundo.

Por lo tanto, en Nicaragua, las manifestaciones solo han conducido a más arrestos, incluso mientras una crisis atormenta al país. La economía está empeorando de manera continua y casi 100.000 personas han huido del país.

Frente a todo esto, Ortega y su esposa han retratado a Nicaragua como un país mucho más seguro que sus vecinos y un nuevo lema advierte de los peligros de la disrupción: “Con la paz no se juega”.

A pesar de ello, Nicaragua está lejos de ser segura: al informar sobre el sitio en la iglesia, me atacaron dos días consecutivos.

La primera vez fue un ataque rápido a manos de una mujer que estaba molesta porque le tomé una fotografía. Un día después, una multitud de activistas del partido del Frente Sandinista que se había congregado afuera de la capilla me rodeó, me empujó hacia el piso y trató de quitarme mi teléfono. Luego, alguien golpeó el parabrisas de mi automóvil rentado con una piedra del pavimento mientras huía.