En abril pasado, el presidente Mauricio Macri debió enfrentar duras protestas de distintos sectores de la sociedad argentina debido al alza en las tarifas de los servicios públicos, los más notorios en gas y luz, un reflejo del impacto que ha provocado el desmonte que desde 2015 dispuso su Gobierno de los subsidios que para estos rubros establecieron durante doce años las administraciones Kirchner. Se calcula que el incremento fue del 1.600 por ciento entre 2015 y 2017, de acuerdo con cálculos del Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
Al defender sus decisiones, Macri les insistió a sus compatriotas que eliminar los subsidios sanará la economía nacional (en 2017, dijo, se destinaron 125 mil millones de pesos -casi 5.500 millones de dólares- para cubrir este gasto), los invitó a consumir menos energía y agregó que los argentinos demandaban más energía que sus vecinos chilenos y uruguayos, pero pagaban menos.
Macri tenía razón. Las estadísticas del Observatorio Energético Minero del Perú, Osinergmin, para el cuarto trimestre de 2017, dan cuenta de que Uruguay fue el país de la región con las tarifas más altas en energía eléctrica residencial, según el consumo mensual de sus habitantes.
En ese país, por un consumo mensual de 30 kilovatios hora el costo es de US$ 51,45 KWh, seguido de Guatemala con US$ 19,14.
Uruguay también lidera las tarifas cuando el consumo es de 65 KWh al mes (US$ 32,51) y 125KWh (US$ 25,54KWh), pero en los 300KWh le ganó Costa Rica, con US$ 23,35.
En cuanto a los sectores industriales y comerciales, es Panamá el país con el mayor costo de este servicio con US$ 20,02 para un consumo mensual de 50.000 KWh (comercial) y de US$ 18,11 para 500.000KWh al mes en el sector.
Le siguen Costa Rica en el sector comercial (US$ 19,23 para 50.000KWh al mes) y Bolivia en el industrial (US$ 15,04 para 50.000KWh al mes).
El economista argentino Federico Muñoz, de la firma Federico Muñoz y Asociados, especialistas en estudios económicos, le respondió a Yahoo Finanzas que en el caso argentino en particular, la decisión de las administraciones Kirchner de congelar las tarifas de energía eléctrica, en medio de un entorno de elevada inflación (40,3% anual en 2016; 24,8% en 2017 y en 2018 la acumulada hasta abril era de 6,7%), tuvo serios impactos: primero, la caída de la producción y la degradación de la infraestructura energética, y segundo el deterioro de las cuentas fiscales, “pues la brecha creciente entre el costo de la producción de la energía y el precio cobrado a los consumidores fue cubierto con subsidios fiscales (llegaron a representar algo menos de 4% del PBI)”.
Esa política, explica Muñoz, tuvo un giro al asumir Macri finalizando 2015, pero la recomposición tarifaria “para que el precio pagados por los usuarios se acercara al costo de producir esa energía y para reducir el monto de los subsidios que engrosaban el déficit fiscal” le ha requerido gastar gran parte de su capital político.