La historia de la debacle de la Lotería Nacional bien podría explicarse con la Ley 139-11, que traspasó el control de los cobros de las bancas al Ministerio de Hacienda, dejando a la entidad de sorteos a merced de subvenciones para cubrir sus gastos.
Desde esa ley la institución también perdió sus fuerzas para ayuda social, establecido como principal objetivo de su creación.
Entre los años 2004 y 2008, los ingresos por concepto de bancas de loterías promediaban entre RD$1,100 a 1,200 millones por año. Esta cifra era cobrada en promedio a 24,500 bancas registradas legalmente en la institución, y un estimado de unas 15,000 a 20,000 bancas ilegales que no tributaban, “la mayoría de los mismos banqueros dueños de las legales”.
