El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) reiteró a la Procuraduría General de la República (PGR) su solicitud de puesta en movimiento de la acción pública en contra de los propietarios de 22 negocios que fueron cerrados por vender bebidas alcohólicas presuntamente adulteradas.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, envió una comunicación a la procuradora general, Miriam Germán Brito, en la que le remite las instancias números 003927, 004997 y 004236 de fechas 27 de abril, 28 y 5 de mayo de 2021, respectivamente, “contentivas de las denuncias interpuestas por este instituto ante esa Procuraduría”.
