El anuncio de la aplicación estricta de una serie de barreras a los trabajadores indocumentados en República Dominicana dejó en vilo desde este miércoles a miles de haitianos, así como a las empresas que emplean a estos inmigrantes.
El Gobierno dominicano concedió un plazo de tres meses para que las empresas se adecuen a las leyes laborales y de inmigración, en especial a la norma que establece que el 80 % de la mano de obra debe ser dominicana, una disposición que está en vigor desde 1992, pero que hasta ahora ha sido papel mojado.
