Manifestó que el Ministerio Público ha venido tirando los dados en lugar de formular racionalmente acusaciones, y por una mera coyuntura política, ha logrado que la restricción de la libertad personal se convierta en regla en los casos de alegada corrupción administrativa que ha encaminado.
Manifestó que sin repensar adecuadamente en las consecuencias de este exceso, ha concebido la prisión preventiva como instrumento punitivo y no como medida cautelar orientada a neutralizar los riesgos procesales.
Indicó que solo un informe final de auditoría o estudio especial de la Cámara de Cuentas, órgano de control externo de los recursos públicos, procesos administrativos y patrimonio estatal, puede enervar la presunción de legalidad de las operaciones y actividades de los funcionarios públicos.
“No hay que devanarse los sesos para saber que en su precipitada y selectiva persecución, el Ministerio Público ha incurrido en el abuso de imputar a Alexis Medina y a otros sin disponer del único elemento que enervaría la presunción de legalidad que la ley prevé, y más aún, la única que permitiría suponer con razonabilidad que ellos participaron en los supuestos ilícitos por los que se les investiga”, acotó.
Precisó que la coerción a los implicados en el denominado caso Antipulpo, mote que califica como indudablemente violatorio de los derechos a la dignidad y presunción de inocencia de los imputados, traspasa los límites del sacrificio que razonablemente ha podido imponérseles.
En el caso figuran además de Alexis Medina, su hermana Carmen Magaly Medina Sánchez, Francisco Pagán, Fernando Rosa, Aquiles Cristopher Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
En el mes de diciembre de 2020 un tribunal envió al imputado Medina al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, por un período de tres meses, declarando el caso complejo y apoderando del control de las investigaciones al Tercer Juzgado de la Instrucción.
Asimismo, otorgó un plazo de ocho meses a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para la conclusión de la investigación y presentación de la acusación contra de los encartados que está a punto de vencerse, pero el Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses más.LS
