Este año, la Administración de Donald Trump retomó tras 17 años de parón las ejecuciones de reos condenados por el Gobierno federal y la de Montgomery es una de las pocas que quedan previstas antes del fin del mandato del actual presidente.

En un comunicado hecho público este jueves, los relatores de la ONU consideraron que el asesoramiento legal que recibió la mujer pudo ser inadecuado y que sus traumas y problemas de salud mental no fueron considerados debidamente durante el juicio.

“La señora Montgomery fue víctima de un nivel extremo de violencia física y sexual a lo largo de su vida ante el que el Estado nunca ofreció protección”, señalaron en la nota los expertos en derechos humanos, que denunciaron también que las autoridades no atendieron sus problemas mentales.

Además, consideraron que el Estado “volvió a traicionarla” durante el procedimiento legal, al no considerar todos estos factores como “circunstancias atenuantes” e imponerle la pena capital.

“Los estándares internacionales son claros: la pena de muerte siempre es arbitraria e ilegal cuando el tribunal ignora o menosprecia hechos esenciales que pueden haber influido significativamente en las motivaciones, situación y conducta del acusado”, apuntaron.

Por ello, insistieron en que el Gobierno estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales y el castigo sería una “ejecución arbitraria”, y dijeron que han escrito a las autoridades para expresar su preocupación.

Los expertos, que actúan de forma independiente y a título individual, recordaron que Montgomery fue víctima de “horribles abusos” durante su vida, con varias violaciones cuando era niña, siendo forzada a prostituirse desde los 15 años, con nuevos abusos durante su posterior matrimonio y siendo presionada para someterse a una esterilización tras tener cuatro hijos.

Montgomery, que ahora tiene 52 años, fue condenada en 2007 por haber estrangulado en 2004 a una mujer de 23 años que estaba embarazada de ocho meses para llevarse a su bebé, que luego fue recuperado sano y salvo por las autoridades.

Entre los expertos de la ONU que han pedido clemencia para ella figuran la relatora especial para las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard; la relatora para la violencia contra las mujeres, Dubravka Šimonovic; o Gerard Quinn, que se ocupa de los derechos de las personas con discapacidades… R.B