(EFE).- Al menos 17 generales y comandantes del Ejército de Colombia fueron cómplices de las masacres paramilitares que se ensañaron con la población de la región de los Montes de María (norte) entre el 2000 y 2001, asegura un informe entregado este jueves a organismos de la justicia para la paz.

El informe “El silencio de las Gaitas”, impulsado por la Comisión Colombiana de Juristas, fue entregado a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), para que llamen a los señalados a dar versiones voluntarias sobre su participación en los hechos.

El estudio se centra en diez masacres de las 41 que se cometieron en esa región entre los años 2000 y 2001, perpetradas por grupos como el Bloque Héroes de los Montes de María y otros frentes paramilitares.

Sus acciones terminaron con el asesinato de 175 pe

rsonas en las diez masacres documentadas; la de Ovejas, El Salado, Mampuján- Las Brisas – San Cayetano, Hato Nuevo, La Libertad, Curva del Diablo, Chinulito y El Cerro, Macayepo, Carmen de Bolívar y Chengue.

El paramilitarismo fue fruto “de una estrategia estatal” con una “alianza entre agentes del Estado, paramilitares, ganaderos y propietarios de la tierra” con el fin principal de “la apropiación de la tierra”, dijo hoy en una rueda de prensa el abogado Jorge Molano.

DENUNCIAN PASIVIDAD DEL EJÉRCITO

Entre una masacre y otra no pasaban “más de uno o dos meses” y suponía “la circulación periódica de centenares de paramilitares por las carreteras de la región”, señala la investigación.

Esto plantea la duda de “cómo es que la Primera Brigada de Infantería de Marina (BRIPRIMA) no hizo nada para proteger a la población civil y por qué se lograron cometer los asesinatos en el lapso menor de un año”, aseguró el portavoz de la Comisión Colombiana de Juristas, Sebastián Bojacá.

Por ejemplo, en la masacre de El Salado, una de las más sangrientas del conflicto, centenares de paramilitares duraron tres días en ese pueblo cometiendo asesinatos y torturas “ante la pasividad de los cuerpos de seguridad que habían recibido avisos”, subrayó Bojacá.

Los investigadores basaron parte del estudio en testimonios de paramilitares ante el proceso de Justicia y Paz que contempló una ley para su desmovilización en 2005 o en testimonios dados a la Fiscalía.

Por ejemplo recogieron el testimonio de Uber Enrique Banquez Martínez alias “Juancho Dique”, exjefe paramilitar que aseguró que las listas con las futuras víctimas de las masacres eran otorgadas por la oficina de inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina.

Las pesquisas de los investigadores además, “han dado a establecer que posiblemente hubiesen participado miembros de la BRIPRIMA, al mando del entonces contraalmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas y también de mandos de la policía en Bolívar y Sucre”, agregó Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

“En cinco de los diez hechos registrados, integrantes de las unidades tácticas adscritas a la BRIPRIMA brindaron algún tipo de apoyo directo a las incursiones armadas”, aseguró Escobar.

REGIÓN ESTRATÉGICA

El estudio concluye que el desplazamiento forzado de miles de familias benefició a quienes estaban interesados en esas hectáreas, principalmente negocios agroindustriales y de ganadería que “recibieron tierras que se usurparon a punta del despojo y de la violencia”, dijo Molano.

En 1986, con las “condiciones para acceso a la tierra la región rozaba casi los 900.000 habitantes; en 2011, tenía el 50 % menos de población”, agregó Molano.

Los asesinatos, que en algunos casos eliminaron a la mitad de los habitantes de estos pueblos, aumentaron el terror y dejaron secuelas a decenas de campesinos y pobladores humildes.