El congresista dominicano del distrito 13 en Estados Unidos, Adriano Espaillat, rechazó la medida del presidente Donald Trump de reinstaurar la pena de muerte en Estados Unidos por delitos criminales a nivel federal, y sometió un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para abolirla.

Espaillat, asume la posición en momentos en que el ex pelotero dominicano del equipo de Arizona, Fabio Gómez, espera ser ejecutado en una cárcel de Texas por el asesinato de su novia y los tres criollos Humberto Taveras Pepín, Gilberto Caraballo y Andy Fernández. Este acto criminal es elegible para la ejecución en base a las leyes federales vigentes.

La ley actual establece la pena capital para una serie de delitos penales en virtud del Código Penal Federal de los Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Sustancias Controladas y el Código Uniforme de Justicia Militar.

Asimismo, el proyecto de ley de Espaillat convierte las sentencias de quienes se encuentran actualmente en el corredor de la muerte en una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y prohíbe la sentencia de muerte como una pena por cualquier violación pendiente o futura de la ley federal.

“La pena de muerte es una práctica inmoral y debe ser abolida”, dijo Espaillat.

Espaillat explicó que hay innumerables razones para oponerse a la pena de muerte. Una de las más cruciales es el gran sesgo racial de los condenados a muerte, y el hecho de que dichas sentencias se den de manera desproporcionada si la víctima es blanca, pero el presunto autor no lo es. Ningún ejemplo lo demuestra mejor que la historia del Central Park Five (Los Cinco del Parque Central)”, refirió Espaillat.

Dijo que las personas en el corredor de la muerte pueden ser encontradas inocentes y exoneradas. “Pero si se ejecuta, no hay vuelta atrás. Esta verdad incómoda ha sido una mancha en el sistema de justicia de Estados Unidos durante demasiado tiempo, y debe cesar”.

Precisó que la lista de razones para oponerse a la pena de muerte podría continuar, desde su costo para los contribuyentes hasta su uso indebido en personas con enfermedades mentales. Por tanto, cuando se analiza, solo hay una razón: es moralmente incorrecto.

“Es incorrecto que un Gobierno decida quitarle la vida a una persona como castigo por un crimen cometido, sin importar cuán atroz sea”, expresó Espaillat.

“La pena de muerte olvida un principio básico de la humanidad: los seres humanos cambian. Los seres humanos tienen una inmensa capacidad para aprender, sanar y crecer. Ejecutar a alguien niega este principio y no deja ninguna vía para que un ser humano cambie”, agregó.

“Como el papa Francisco dijo antes de una reunión conjunta del Congreso en 2015, la regla de oro también nos recuerda nuestra responsabilidad de proteger y defender la vida humana en cada etapa de su desarrollo”, citó Espaillat.

“Me enorgullece presentar esta legislación para dar un paso importante hacia una sociedad estadounidense más justa”, señaló el congresista dominicano.