La Unión Europea ha dado este martes un impulso político a la creación de un mecanismo de vigilancia que frene el deterioro de las libertades y del Estado de derecho detectado en algunos países miembros. Alemania y Bélgica han lanzado un plan para un Pacto de Calidad Democrática que aspirará a imponer una disciplina similar a la que ha logrado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el terreno presupuestario. Los dos Gobiernos sostienen contar con un amplio respaldo de los socios para desarrollar la iniciativa y precisar su funcionamiento.

El plan llega tras la deriva autoritaria de países como Hungría o Polonia. Pero pretende ir mucho más lejos y redoblar la presión sobre todos los socios tras un período aciago que ha visto el aumento del antisemitismo y antiislamismo en países como Francia o Alemania, el asesinato impune de periodistas en Malta o Eslovaquia o el dudoso trato de refugiados y emigrantes en Italia o Croacia. Este mismo miércoles, el Partido Popular Europeo estudia la suspensión o expulsión del partido Fidesz, del primer ministro húngaro Viktor Orbán, por su presunta violación de derechos fundamentales y sus campañas antieuropeas.

El nuevo instrumento, basado en la revisión periódica de parámetros como la independencia judicial o la seguridad jurídica, parte de una iniciativa impulsada por Alemania y Bélgica. “Pero ya cuenta con el respaldo de 20 países”, aseguró este martes el ministro belga de Exteriores, Didier Reynders, durante la presentación del proyecto en Bruselas. En paralelo, la Comisión Europea también trabaja ya sobre su propia propuesta para endurecer la vigilancia de los valores fundamentales. Y tras un período de consulta, espera aprobarla en junio o julio.

“El Estado de derecho es crucial para la libertad y el bienestar de los ciudadanos europeos y para el buen funcionamiento del ordenamiento legal europeo”, asegura la propuesta conjunta de Bélgica y Alemania. Ambos países anuncian el establecimiento de “una periódica revisión de unos países a otros (peer review) sobre el Estado de derecho en la UE”.

El sistema arrancará con la participación voluntaria de los países que lo deseen, aunque aspira a integrar a los 27 socios de la UE. Expertos de los países involucrados desarrollarán la metodología en los próximos meses. El proyecto pasa por utilizar las fuentes de información ya disponible tanto a nivel nacional como internacional (a través de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, por ejemplo). Y aglutinarla en un “informe factual” que serviría para iniciar un proceso de diálogo político —en el marco intergubernamental— con los países donde se detectasen carencias o lagunas en el respeto a los valores fundamentales de la UE.

Reynders ha añadido que Finlandia, como próxima presidencia semestral de la UE, también se ha comprometido a desarrollar la propuesta durante su mandato. Alemania, que tomará el relevo de Helsinki, continuará los trabajos, según ha asegurado el ministro alemán de Asuntos Europeos, Michael Roth, en una rueda de prensa conjunta con Reynders.

A diferencia del Pacto de Estabilidad presupuestaria, el nuevo marco no incluye sanciones económicas. Pero la negativa de un país a enmendar las deficiencias o a seguir las recomendaciones que emanen del diálogo político podría llevar a la apertura de procedimientos disciplinarios, a denuncias ante el Tribunal de Justicia europeo o, en casos extremos, a la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE, que permite privar a un socio de su derecho de voto en el Consejo Europeo.