El presidente Donald Trump declaró formalmente, no sin cierta pausa previa, que la epidemia de adicción y muertes por consumo de opiáceos es una emergencia nacional. Ciertamente esa crisis ha sido tal desde hace años, pero no fue hasta ahora que la Casa Blanca la ha declarado en términos de acción gubernamental para encararla.
Luego de que una comisión especial, dirigida por el gobernador de New Jersey, Chris Christie, fuera establecida por Trump para estudiar esa crisis, la conclusión de ese grupo fue que era necesario declarar ese estado de emergencia para poder canalizar mayores recursos humanos y materiales para atender los devastadores efectos que la adicción a la heroína, a otros narcóticos ilícitos y a medicamentos opiáceos de receta tiene en amplias capas sociales en Estados Unidos.
Según Christie, por esa crisis “aproximadamente 142 estadounidenses mueren cada día… un 11 de septiembre [en alusión al ataque terrorista de 2001] cada tres semanas”. En 2015 los fallecimientos vinculados a la adicción a los opiáceos sumaron 33.091 casos, de acuerdo a cifras del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Trump no actuó de modo inmediato para declarar el estado de emergencia, que además de dedicar recursos adicionales a la crisis en cuestión también la coloca en el ojo mediático, luego de que la citada comisión presentó sus recomendaciones. Pero finalmente lo hizo, y dijo que “vamos a dedicar mucho tiempo, muchos esfuerzo y mucho dinero en la crisis de opiáceos. Este es un problema serio de un tipo que nunca hemos tenido”.
Con todo, más allá de la retórica y la promesa de canalizar más dinero a atender a las personas adictas y sus comunidades, ¿qué implica que la crisis de adicción y muertes por consumo de opiáceos haya sido declarada emergencia nacional?
En primero término, pone al asunto como una prioridad gubernamental y propicia que se canalicen mayores cantidades de dinero público para enfrentarla.
Como se comentó en la televisora pública PBS, la declaración de emergencia nacional permitirá al gobierno federal “eliminar varias barreras” para amplificar las opciones de tratamiento de los adictos. Por ejemplo, relajar las normas federales que limitan la cantidad de personas que pueden recibir de Medicaid (el seguro médico público gratuito para personas de bajos ingresos) cobertura para ser internadas para tratar sus adicciones, dado que actualmente no se permite usar fondos de ese programa para pagar gastos de clínicas dedicadas a trastornos mentales (en donde se incluye a las adicciones) si estas tienen más de 16 camas.
La lógica de esa restricción, que data de 1965, es oscura pero levantarla permitirá que más centros médicos abran sus puertas a adictos y con ello se amplíen las opciones de tratamiento y recuperación. Cabe decir, como señaló un reporte de The Pew Charitable Trust, que el relajamiento de esa restricción ya había sido concedida por el gobierno de Barack Obama a los estados de California, Maryland, Massachusetts y Nueva York, y que otros siete otros estados (Arizona, Indiana, Illinois, Kentucky, Michigan, Utah y Virginia) la habían ya solicitado. Créditos Yahoo