(EFE).- La Cámara de Diputados de México aprobó hoy el dictamen que expide la Ley Federal de Consulta Popular con el fin de regular la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de este instrumento, y promover la participación ciudadana en temas “de trascendencia nacional”.
El documento, aprobado por 431 votos en favor, 36 en contra y una abstención, “se remitió al Senado para sus efectos constitucionales”, señaló la Cámara en un comunicado.
Precisa que la consulta popular es un mecanismo para que los ciudadanos ejerzan su derecho, mediante el voto, a expresar su opinión sobre uno o varios temas.
El dictamen señala que podrán solicitar una consulta popular el presidente de la República, el equivalente al 33 % de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso, o los ciudadanos en un número equivalente a cuando menos 2 % de los electores.
Detalla que serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso, así como los administrativos del Ejecutivo federal, “siempre que sean de trascendencia nacional”.
“Se entiende por trascendencia nacional cuando el tema repercuta en la mayor parte del territorio nacional, impacte en una parte significativa de la población, o proponga la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del país o afecten a una parte significativa de los ciudadanos”, dice el texto.
Se incluyen asimismo en esta definición iniciativas que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que repercutan en una parte significativa de la población, “y los temas que determine el Congreso”.
Los temas serán calificados por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte.
El dictamen establece que no podrán ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, ni los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, relativos al carácter representativo, democrático, laico y federal de la República.
Tampoco lo serán la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.
Expresaron respaldo a la norma los legisladores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), del conservador Partido Acción Nacional (PAN), del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En contra se pronunciaron diputados del Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento Ciudadano.
Por su parte, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, celebró el avance de la Ley Federal de Consulta Popular, que abre la puerta para que en julio de 2015 haya un referendo sobre la reforma energética.
“Nada impediría” la celebración de esa consulta en los comicios del 2015, afirmó Zambrano, quien sin embargo dijo que su agrupación seguirá insistiendo en que se pueda llevar a cabo antes por la “trascendencia nacional que tiene la reforma energética”.
El PRD se opone a los cambios constitucionales que prevé la iniciativa energética impulsada por el PRI y el PAN, que comenzó hoy a ser debatida en el pleno del Senado.
El proyecto va más allá de la propuesta presentada en agosto pasado por el Gobierno, porque permite contratos de producción con empresas privadas, un esquema de apertura mayor que la iniciativa oficial, que sólo proponía contratos de utilidades compartidas.
Dado que carece de los votos necesarios para impedir su aprobación en el Legislativo, el PRD apuesta a que la reforma sea invalidada por la ciudadanía en un referendo a celebrarse en 2015.
El presidente del PRD dijo a la emisora Radio Fórmula que tras un amplio debate y la divulgación de “información suficiente” sobre el contenido de la reforma energética, la pregunta a ser formulada en una papeleta adicional emitida el día de los comicios debe ser lo más sencilla posible.
Por ejemplo, avanzó, la pregunta sería “¿Está usted de acuerdo en que se abra la inversión privada a (las empresas estatales) Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, o está en contra?”. EFE