Varias entidades agrupadas en el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití anunciaron que este lunes iniciarán acciones legales para someter a la Justicia a todos los hijos de haitianos que al momento de la sentencia del Tribunal Constitucional hayan obtenido documentación de manera fraudulenta.
El foro con el tema “Análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, la nacionalidad dominicana a extranjeros”, en el que participaron empresarios, políticos, juristas y sindicalistas, se celebró este domingo en el Hotel Santo Domingo.
La agrupación dijo que lo primero que realizarán es acudir mañana a las 2:00 de la tarde a la Junta Central Electoral (JCE) a los fines de solicitar toda la documentación de descendientes de haitianos que han obtenido actas de nacimiento y cédulas de forma ilícita, llámese documentos públicos falsos, usurpación de identidad de personas vivas, adquisición de documentos de fallecidos, lo cual la ley sanciona y castiga como delito.
Luego interpondrá una querella en contra de este segmento poblacional, de organizaciones no gubernamentales (ONGS) que les hayan facilitado el proceso y hasta a funcionarios que se pruebe que fueron cómplices de la facilitación de los referidos documentos.
De acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, no le corresponde la nacionalidad dominicana a los nacidos en territorio dominicano hijos de extranjeros indocumentados o en tránsito. Esto afecta, principalmente, a decenas de miles de hijos de haitianos que habían sido reconocidos bajo normativas precedentes a la Constitución de 2010 y que desde 2007 la JCE les desconoce la validez de sus documentos.
Al frente del movimiento se coloca el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, entusiasta defensor del fallo, quien advirtió que ya que el Ministerio Público no se convierte en actor para someter a la Justicia a estas personas este grupo se encargará de hacerlo.
El ex juez sostuvo que con esta sentencia no hay posibilidad alguna de apátrida y que solo al Estado dominicano le corresponde tomar decisión de a quién le otorga su nacionalidad.
Pantaleón aclaró que nuestro país viola los derechos humanos si no les entrega documentos a sus nacionales, pero no a extranjeros.
Además, el Estado dominicano tiene que establecer las reglas para controlar en la frontera la entrada de manera ilegal de extranjeros haitianos, ya que por ella se trafica personas, mercancías y drogas, entre otras.
Mientras, el sindicalista Pepe Abreu refutó la posición de Trinidad y Tobago frente al tema, pues dijo que un Estado con techo de cristal no puede decirle al país qué hacer en materia de migración.
Resaltó que esa nación caribeña no permite que extranjeros entren a su territorio sin contar con un contrato de trabajo y que por esta norma han sido afectados grupos de haitianos que intentan migrar hacia allá.
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, condenó el dictamen del Tribunal Constitucional de República Dominicana, que afecta a miles de descendientes de haitianos, y dijo que como presidenta pre témpore del Caricom llevará este tema al consejo del organismo multilateral caribeño.
Abreu precisó que a los dominicanos no es que no les guste el trabajo de construcción, sino que rechaza las condiciones que les ofrecen para realizarlo, pero como la mano extranjera (haitiana) es más barata la contratan.
El economista Felipe Alfau dijo que cuando contratan una mano de obra barata solo enriquece un grupo pequeño pero no la sociedad, con esto se pone a prueba nuestra frágil economía que se está viendo afectada después del terremoto en el año 2010 en Haití, porque son más los haitianos que pasan por la frontera y son contratados porque son mano de obra barata, por lo tanto los empresarios que lo contratan acumulan riqueza.
Por tal razón nuestra economía cada día se va empobreciendo, estamos enfrentando una situación muy compleja.
Mientras que el doctor Pelegrín Castillo dijo que esta sentencia protege los derechos de los inmigrantes con una amplia y efectiva tutela, al mismo tiempo traza pautas institucionales que deben observar los órganos públicos para dar respuesta a los problemas antes mencionados dentro del marco del respeto debido a la Constitución, las leyes y los intereses nacionales.
Explicó que se ha evidenciado que está influido por poderosos factores de poder de los Estado Unidos que inicia la presentación del caso con la proyección de un video titulado República Dominicana “El Apartheid del Caribe”, es decir, que el país será desacreditado ante una corte internacional en forma alegre y desaprensiva de ser responsable de cometer un crimen de lesa humanidad.
Credito TERESA CASADO/N Diario