La seguridad social constituye la columna vertebral de la protección social, necesaria para fomentar el desarrollo humano a través de la cohesión y la inclusión. Un sistema de seguridad social que cuente con una cobertura universal, una adecuación justa y equitativa de sus prestaciones y una estructura que garantice su sostenibilidad a largo plazo contribuye a una mejora exponencial de la actividad productiva, la que a su vez reduce las disparidades sociales que perpetúan la pobreza.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), América Latina y el Caribe tiene un gasto social promedio de 4.9% sin contemplar la salud, 9.6 puntos porcentuales menos que lo invertido por los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que destinan alrededor de un 14.5%.

La escasa inversión social supone uno de los principales retos para que los países de la región erradiquen la pobreza en todas sus formas, alcancen la igualdad de género y reduzcan las desigualdades, objetivos 1, 5 y 10 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, respectivamente.

República Dominicana no escapa de esta realidad. Como país emergente, ha logrado avances significativos que han hecho de su economía la más grande de Centroamérica y el Caribe durante los últimos 25 años.

Pese a ser un país de ingreso medio que ha mantenido fundamentos macroeconómicos estables y una inflación moderada, Sánchez Tatis (2021) advierte que el escaso gasto social, acompañado de una desaceleración de los ingresos y un aumento en los niveles de desigualdad indican “el limitado impacto de más de dos décadas de crecimiento sobre los niveles de pobreza”.

La inversión en salud ha fluctuado entre el 1.6% y el 2% con relación al PIB frente a un promedio regional de 4.5%. Esto concuerda con la OIT, que registra que el país ha destinado menos del 5% en protección social, evidenciando los escasos recursos con los que ha trabajado el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) desde su creación en 2001 a través de la Ley 87-01.

La crisis que vive el mundo tras la pandemia del covid-19 demostró que la economía es incapaz de operar sin antes garantizar la salud y el bienestar de la sociedad. Lograr un sistema social universal y único que beneficie a todos en igualdad de condiciones, tal y como lo establece la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, requiere de una ambiciosa asignación presupuestaria.

Para consolidar el sistema de seguridad social dominicano bajo una perspectiva de desarrollo, se necesitan garantías de que sea sostenible en el tiempo. Invertir en el SDSS permitirá expandir las prestaciones, aplicar las reformas para transformar su sistema de costos y mejorar la calidad del gasto público a través de la reducción de programas de asistencia.

El financiamiento de la seguridad social depende, primordialmente, de los tributos que pagan los trabajadores formales. La informalidad laboral lastra la calidad y efectividad de la seguridad social dominicana, al dejar fuera a los 6,211,520 dominicanos que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) del sector informal.

Estamos hablando de que un 59% del total de la población carece de un seguro médico, de una indenmización por riesgos laborales y de un fondo por pensión, discapacidad o sobreviviencia, una realidad preocupante que relega a este grupo de personas a la dependencia financiera y a la indefensión, en un contexto en el que el envejecimiento poblacional y los altos costos médicos que demanda este segmento se hacen más presentes en América Latina.LS