(EFE News).- La familia de Bernardo Palacios Carbajal, fallecido en mayo pasado por disparos de la Policía en Utah, se mostró este jueves “dolida” horas después de que la fiscalía de Salt Lake City decidiese no presentar cargos contra los agentes que le mataron.
Freddie y Karina, hermanos de Palacios Carbajal, dijeron en conferencia de prensa que la decisión del fiscal, Sam Gills, de respaldar a los oficiales “perpetúa la arraigada devaluación de la vida humana por parte de las autoridades y erosiona la confianza en las autoridades”.
En su opinión, esta medida contradice además a otros oficiales que consideraron la acción de sus compañeros como “ilegal”.
El fiscal de distrito de Salt Lake City decidió este jueves no presentar cargos contra los dos policías que el 23 de mayo pasado dispararon 20 veces por la espalda contra el joven hispano.
En opinión de Gills, la actuación policial fue “justificada” en el marco de las actuales leyes de Utah, que permiten el uso de fuerza mortal si los oficiales entienden que dejar escapar al sospecho crea mayores riesgos para otros uniformados o para la comunidad.
“El fiscal eligió encontrar una justificación para lo que él llamó ‘una mala ley”, pero esa decisión suya de no actuar perpetúa un sistema injusto”, dijeron.
Por su parte, el abogado de la familia, Nathan S. Morris, dijo que, contrario a lo expresado por Gills, “las leyes de Utah permiten presentar cargos contra policías”, pero decidió darles el “beneficio de la duda”.
“Bernardo nunca tuvo un proceso debido, mientras que los oficiales de Salt Lake City actuaron como jueces, jurado y verdugos. Los policías tuvieron muchas oportunidades de usar fuerza no mortal, pero no lo hicieron. Los dos policías agotaron completamente sus municiones y realizaron en total 34 disparos, con 25 a 30 balazos cuando Bernardo ya estaba en el suelo”, dijo Morris.
“Se justifica el uso de fuerza mortal si existe una amenaza. Pero esa amenaza terminó después de 4 a 6 balazos en la espalda de Bernardo”, agregó.
Los familiares de Bernardo pidieron que el joven no sea olvidado y que “se rece por él hasta que se haga justicia”.
El abogado Morris indicó que próximamente se presentará una demanda civil por la muerte del joven.
“La única persona que no puede contar su versión de lo que sucedió aquel día es Bernardo. Todo lo que nosotros podemos hacer es buscar justicia y eso significa pedir cambios institucionales en el departamento de policía para que esta violencia no suceda otra vez”, dijo Morris.
Gills había dicho previamente que los policías, identificados por sus apellidos como Fortuna e Iverson, tenían “todas las razones para creer” que ellos “estaban respondiendo a un robo a mano armada” y que Palacios Carbajal “tenía una pistola”.
Según el informe policial, el joven latino tenía una pistola en su cintura y rechazó dejarla a pesar de las repetidas órdenes por parte de Iverson.
El informe indica que las cámaras corporales de los policías demuestran que los uniformados abrieron fuego sólo después de la tercera vez que Palacios Carbajal se negó a bajar su pistola.