La amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos a aliados políticos del presidente filipino, Rodrigo Duterte, e incluso miembros de su gabinete, ha puesto entre las cuerdas la tensa relación entre los dos países y amenaza la cooperación militar, clave para ambos.

Aunque Duterte -que ha orientado su política exterior hacia China y Rusia- suavizó su beligerante discurso con EE. UU. cuando Donald Trump llegó a la presidencia, la relación se ha enquistado desde que el estadounidense firmara el 20 de diciembre la ley de Presupuestos, que contempla sanciones a oficiales filipinos.

Desde ese día, Duterte ha encadenado una retahíla de acusaciones y amenazas hacia EE. UU. por “meter las narices donde no le importa” y ha ordenado suspender el Acuerdo de Visita de Tropas, que regula las maniobras y entrenamientos conjuntos en suelo filipino con su tradicional y más cercano aliado militar.

“Duterte está poniendo una barrera de contención. Ante la posibilidad de que los castigos lleguen a su círculo más cercano -o incluso a él mismo- quiere lanzar una advertencia para frenar una eventual escalada de sanciones”, señaló a EFE el analista y asesor político filipino Richard Heydarian.

PROHIBICIÓN DE ENTRADA EN EE. UU.

A iniciativa de los senadores demócratas Patrick Leahy y Dick Durbin, esa polémica ley de presupuestos incluyó una provisión que prohíbe la entrada en EE. UU. a funcionarios filipinos implicados en abusos como la “detención arbitraria” de la senadora opositora Leila de Lima, a punto de cumplir tres años en prisión sin juicio.

Aunque la provisión no menciona nombres, la reacción de Duterte no se hizo esperar y una semana después vetó la entrada en Filipinas de Leahy y Durbin, rechazó una invitación pendiente a Washington y amenazó con imponer visa a los turistas estadounidenses.

Según Heydarian, la actitud “vehemente y combativa” de Duterte pretende crear una “atmósfera psicológica” para que nadie más se atreva a inmiscuirse en los asuntos de Filipinas, ante el riesgo de que la Unión Europea o Australia adopten medidas similares.

No es la primera vez que Duterte responde con contundencia a esas “intromisiones”: rechazó cualquier ayuda de los países -la mayoría europeos- que condenaron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU violaciones de derechos en Filipinas y abandonó la Corte Penal Internacional cuando abrió una examen preliminar sobre Filipinas.

Sin embargo, como recuerda la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Filipinas, Maria Ela Atienza, “con Duterte son frecuentes polémicos pronunciamientos y amenazas, pero no siempre se llevan al papel o se traducen en políticas”.

Atienza no cree que se materialice su amenaza de imponer visado a ciudadanos estadounidenses, lo que perjudicaría al sector turístico filipino -EE. UU. es el tercer mayor emisor de turistas tras Corea del Sur y China-, además de tener un efecto disuasorio sobre inversores.

EL PESO DE LA LEY MAGNITSKY

El envite de EE. UU. a la administración Duterte dio un paso más el 9 de enero, cuando el pleno del Senado aprobó la resolución 142 invocando la aplicación en Filipinas de la ley Magnitsky, que contempla restricciones de viaje y sanciones económicas a personas que violen derechos humanos en cualquier lugar del mundo.

La resolución, propuesta por el senador Edward Markey -también vetado en Filipinas-, impone sanciones a oficiales del Gobierno filipino o de las fuerzas de seguridad implicados en “ejecuciones extrajudiciales”, como las ocurridas en la guerra contra las drogas, así como en la “prolongada detención” (desde febrero de 2017) de la senadora de la oposición Leila de Lima.

Desde su aprobación, Trump tiene 120 días para elaborar la lista de oficiales sancionados, aunque de momento ya se sabe que uno es el senador Ronald Dela Rosa, fiel aliado de Duterte y exjefe de la policía, considerado el cerebro de la polémica guerra antidrogas.