El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por revertir regulaciones de protección medioambiental y ha desdeñado en varios casos el importante rol de la ciencia en la toma de decisiones clave. En cambio, ha impulsado intereses económicos e interferido en la investigación científica por razones políticas, como señaló hace tiempo la Unión de Científicos Preocupados.

Ahora, en un nuevo y controversial movimiento, la administración federal planea establecer normas que, en la práctica, limitarán de modo significativo la investigación que puede ser usada para establecer regulaciones en materia de salud pública, según reportó The New York Times.

Aunque aún se trata de un proyecto, que ha pasado a la etapa de discusiones públicas, el plan de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha perturbado a la comunidad médica y científica pues pretende que todos los datos utilizados en estudios, incluida la información médica confidencial de pacientes, sean revelados a los funcionarios si es que se quiere que las conclusiones de una investigación sean considerados para formular y tomar decisiones en materia de regulación y políticas públicas.

La razón que dan las autoridades, en voz del administrador de EPA, Andrew Wheeler, es asegurarse de que “la ciencia que avala las decisiones de la agencia es transparente y disponible para su evaluación por el público y las partes interesadas”. Se alega, en esa lógica, que se requiere evaluar los datos crudos de una investigación a fin de comprobar su veracidad y pertinencia mediante verificaciones independientes.

La verificación es ciertamente un valor clave en la investigación científica, pero la norma que plantea la EPA puede, en realidad,  minar la investigación en sí y dejar a esa agencia sin datos científicos clave  para tomar sus decisiones. Gran parte de los estudios médicos que se han utilizado, por ejemplo, para determinar los posibles efectos de cierto producto, actividad o fenómeno mantienen la identidad de las personas participantes, pacientes y otros, en la confidencialidad y están legalmente impedidos de revelar esos datos personales.

Y, para  nuevas investigaciones, resultará mucho más difícil contar con la colaboración de personas para evaluar impactos en la salud y el medioambiente si no se les garantiza la confidencialidad y privacidad de su información.

Por añadidura, la norma propuesta plantea que ese criterio podría aplicarse de modo retroactivo, lo que implica que datos de estudios previos que se han usado, por ejemplo, para identificar factores negativos en la calidad del aire y el agua, y sus efectos en la salud y en la incidencia de enfermedades, podrían ser desestimados por la EPA en la formulación, actualización o eliminación de regulaciones si todos sus datos no le son revelados.

En realidad, ese factor de confidencialidad y privacidad es lo que con frecuencia permite a los investigadores tener acceso a datos clave y muchas personas no querrán participar en nuevos estudios ante el hecho de que su información tendría que ser revelada a las autoridades. Si ese es el caso, la investigación científica y sus conclusiones clave quedarán mermadas.

“Esto significa que la EPA puede justificar echar para atrás reglas o no actualizar reglas basadas en la mejor información para proteger al público y al medio ambiente, lo que significa más aire sucio y más muertes prematuras”, dijo al Times el vicepresidente de la Asociación Estadounidense del Pulmón, Paul Billings……YP