El torturador se quiso esconder entre los torturados. Fue desenmascarado por una de las víctimas que lo reconoció y ahora enfrenta un juicio que los abogados de derechos humanos aseguran que puede ser “tan importante como el de Neuremberg”, en el que se juzgó a los jerarcas nazis. Todo esto ocurre en Alemania y el torturador es el coronel sirio Anwar Raslan, 56 años, uno de los jefes de la temida policía secreta del régimen de Bashar al Assad. Estaba a cargo de la llamada “Filial 251”, un centro de detención clandestino ubicado en la zona de Al Khateeb de Damasco, sobre la calle Bagdad, muy cerca de las oficinas de la Media Luna Roja (la Cruz Roja de los países musulmanes). Allí permanecían confinadas hasta 600 personas al mismo tiempo y morían cuatro o cinco por día. Raslan estaba a cargo de las torturas. En 2012 desertó y salió con su familia a Alemania. Permaneció en un edificio de departamentos para refugiados de Berlín bajo otra identidad. Hasta que se cruzó con una de sus víctimas. Pasaron otros tres años hasta que fue arrestado, en febrero pasado. El juicio por sus crímenes comienza a fin de año.

Una vez descubierto, Raslan se unió a la oposición democrática siria en el exilio y hasta participó de unas conversaciones de paz en Ginebra como asesor militar. Esto hizo que algunas figuras políticas de su país opuestas al régimen lo defendieran y aseguraran que se trata de “un arrepentido que dio mucha información“. Los jueces alemanes no aceptaron ese argumento y lo arrestaron junto a Iyad al Ghareeb, otro oficial de inteligencia que fue ayudante del general mayor Hafez Makhlouf, primo de Bashar al Assad.

Raslan está siendo procesado en Alemania, pero no por ningún delito cometido en el país, ni contra sus ciudadanos. En cambio, está sujeto a un principio de derecho internacional conocido como “jurisdicción universal“. Alemania y un pequeño puñado de otros países europeos han decidido que, cuando se trata de ciertos delitos, la noción de jurisdicción (que un gobierno o autoridad puede procesar solo los delitos cometidos dentro de sus propias fronteras) no siempre se aplica. Berlín dice que sus fiscales pueden presentar cargos contra cualquier persona que, presuntamente, haya cometido crímenes de guerra o genocidios en cualquier parte del mundo, contra personas de cualquier otra nación.

“La decisión de la justicia alemana fue una sorpresa para todos”, dijo al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, Anwar al Bunni, un abogado sirio que vive en Berlín y es testigo en el caso contra Raslan. Bunni, fue torturado en la Filial 251 y terminó en el mismo centro de refugiados en Berlín que Raslan. “Nadie creía que la jurisdicción universal podría funcionar”, agregó.

La jurisdicción universal no es un concepto nuevo: debido a que sus crímenes no tenían fronteras, la noción se usó por primera vez para llevar a los piratas y traficantes de esclavos ante la justicia a principios y mediados del siglo XX. Pero la versión moderna de la ley se adoptó en 2002, el mismo año en que se creó la Corte Penal Internacional. El antecedente de todo esto fue la acusación del juez español, Baltasar Garzón, contra el dictador chileno Augusto Pinochet. No pudo ser juzgado, pero permaneció en arresto domiciliario en Londres por un año y medio. Claro que todos estos esfuerzos se limitaron, en gran medida, a un enfoque de “refugio seguro”, lo que significa que los países simplemente vieron la jurisdicción universal como una forma de mantener alejados a los criminales de guerra, en lugar de un medio para perseguirlos activamente.

En Alemania, los procesos fueron facilitados por el hecho de que tanto los represores sirios como sus víctimas habían llegado en la misma ola migratoria. Y que las autoridades de inmigración comenzaron a hacerles preguntas. ¿Habían visto o sido víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o agresión sexual? Las respuestas se cotejaron y clasificaron de la misma manera que lo hace la Europol con los sospechosos que ingresan a territorio europeo. De 2011 a 2013, la unidad policial de crímenes de guerra recibió 17 denuncias de solicitantes de asilo sirios. En los siguientes tres años, fueron 2.590.

El Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), con sede en Berlín, intentaron dos veces, en 2004 y 2006, presentar casos de jurisdicción universal contra funcionarios estadounidenses. El entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, fue acusado de haber sido cómplice en la tortura de iraquíes. Pero una cosa es un militar sirio y otro es un alto funcionario de Washington. El caso de Rumsfeld “no fue políticamente bienvenido”, dijo Florian Jessberger, profesor de derecho de la Universidad de Hamburgo, en una entrevista. “Esta vez, sin embargo, los funcionarios alemanes que se encargan de los procesamientos sirios están comprometidos. En este caso, existe un consenso global sobre quién es el bueno y quién es el malo“

“Es la mejor evidencia contra un régimen desde Nuremberg“, aseguró Wiley en la entrevista con el Globe and Mail, refiriéndose a los juicios históricos de la posguerra que condenaron a miembros del régimen nazi. Y agregó que “la evidencia contra Al Assad es mucho, mucho mejor que la presentada en el tribunal internacional contra Slobodan Milosevic“, el líder serbio que fue acusado de crímenes y genocidio en las guerras de los Balcanes de la década de 1990. Lo más contundente, son las fotos tomadas por un militar sirio que después desertó y que muestran las peores atrocidades. “Raslan fue uno de los peores torturadores“, asegura Wiley. En pocos días, todos esos documentos estarán en manos de los jueces alemanes y es muy posible que el torturador sirio pase muchos años preso en una cárcel de máxima seguridad cerca de Berlín.