PEKÍN.- Los funcionarios japoneses asistirán a cursos sobre abusos sexuales en el ámbito laboral. Es la medida desesperada de un país que tradicionalmente escondía los escándalos bajo la alfombra y hoy los colecciona.
El gobierno del primer ministro Shinzo Abe aclaró esta semana que controlará la asistencia y que será un requisito indispensable para las promociones, según el diario local Mainichi Shimbun. Las víctimas, además, podrán denunciar los abusos a través de consejeros independientes.
“El abuso sexual es una clara violación de los derechos humanos y no debe ser tolerado”, bramó recientemente Abe antes de ordenar a todos los ministerios que se activen para implementar las medidas.
Las dimisiones y ceses se hicieron cotidianas. Kunihiko Takahashi, alcalde de una ciudad cercana a Tokio, renunció la semana pasada por la acumulación de denuncias de subalternas. Tadaatsu Mori, director de la división de Rusia de la cancillería, fue suspendido por nueve meses. Pero ningún caso ocupó tantas portadas ni resumió el problema mejor que el de Junichi Fukuda, viceministro de Finanzas.
Fukuda negó los comentarios procaces de los que lo acusó una periodista televisiva a pesar de que en una grabación se lo escuchaba preguntarle si podía atarle las manos o tocarle los pechos. Después los justificó como inocentes juegos de palabras y dijo desconocer que entraban dentro de la categoría de acoso sexual.
La defensa gremial fue aún más sorprendente. Hakubun Shimomura, exministro de Educación, presentó a Fukuda como la víctima de una emboscada mediática. Taro Aso, ministro de Finanzas, siguió la misma línea y alegó que los abusos sexuales “no son un crimen”.
Es cierto. La ministra de Igualdad, Seiko Noda, presiona para aprobar una reforma legal que convierta el acoso en una ofensa punible pero el gobierno aún lo está considerando. El caso revolvió la conciencia social. Mujeres políticas se manifestaron frente al Ministerio de Finanzas y en las siguientes protestas por todo el país germinó el movimiento #withyou en solidaridad con las víctimas. Fukuda dimitió al fin el 18 de abril.
Ni la atención mediática global, ni la presión social ni las medidas de Abe empujan al optimismo a Linda Hasunuma, profesora de la Universidad de Bridgeport y estudiosa de las desigualdades de género de Japón. “No creo que sea una prioridad del gobierno, y los cambios importantes a corto plazo serán difíciles por las poderosas dinámicas culturales y las realidades legislativas e institucionales: los hombres dominan la política y el ambiente laboral”, señala. Alude a la gestión de los manoseos en los atestados trenes: Japón creó vagones separados para evitarlos en lugar de educar a la población.
Una encuesta reciente del diario Nikkei revelaba que el 60% de las mujeres había sido víctima de abusos sexuales y que la mayoría no los había denunciado. Las estadísticas de 2015 del Ministerio de Justicia subrayan el clima de silencio: casi tres cuartas partes de las víctimas de violación no lo revelan y sólo el 4% acude a la policía. La escasa contundencia de los tribunales desincentiva las denuncias. Sólo el 17% de los 1678 acusados por asalto sexual el año pasado fueron condenados a tres o más años de cárcel.
El contexto empuja al sufrimiento discreto. De la mujer se espera sumisión y se la mira con desconfianza si dice “no” incluso a las invitaciones al sexo. La víctima que denuncia los abusos es una delatora problemática que traiciona al equipo y muchas mujeres comparten esa visión. El movimiento global del #MeToo llegó con brío muy menguado al país del sol naciente.