La inversión de los narcos y estafadores en República Dominicana
Por: Licenciado Edwin Abreu
Miami- La inversión poco controlada en República Dominicana por parte de narcotraficantes y estafadores extranjeros está sobrepasando los límites de la aceptación por parte de la sociedad dominicana que comienza a cuestionar las facilidades que se ofrecen a los supuestos inversionistas que llegan al país con sumas extraordinarias de millones de dólares y de euros.
Llama a la atención el patrón de comportamiento de las autoridades dominicanas en el manejo de incautación y disposición de los bienes de los supuestos narcos y estafadores. A Santo Domingo llegan supuestos reconocidos inversionistas procedentes de Europa, Estados Unidos y Medio Oriente, y éstos son recibidos inclusive por mandatarios y funcionarios de los gobiernos dominicanos. Estos personajes construyen enormes torres, complejos hoteleros, adquieren grandes agencias de autos, empresas de importación y exportación, empresas de zona franca, cadenas de supermercados, inversiones en bancos nacionales, compras de terrenos, helicópteros, barcos, empresas de construcción, y otros proyectos que requieren grandes inversiones, en su mayoría con divisas extranjeras o con supuestos préstamos avalados por autoridades dominicanas.
Donde más se cuestiona el papel de las autoridades del gobierno tiene que ver con dos hechos: Primero, la facilidad para ingresar al país con grandes sumas de dinero, maquinarias y equipos de transportación, incluyendo autos, aviones y yates lujosos; y la libre circulación de ese dinero por todo el territorio dominicano en forma de inversión. Segundo, resulta extraño que luego de varios años, en la mayoría de los casos más de cuatro años de operación de estos inversionistas, narcotraficantes y estafadores, estos supuestos delincuentes son perseguidos por las autoridades dominicanas en colaboración con autoridades de otros países, principalmente de Estados Unidos. Pero en cambio, el gobierno dominicano se queda con los bienes incautados de los que han sido apresados, extraditados o se encuentran corriendo de la justicia.
Hasta ahora se puede decir que los funcionarios del gobierno no han sido lo suficientemente transparentes en el manejo de los bienes incautados, ya sea porque no se declaran todos los bienes pertenecientes a los perseguidos, o porque no se cumplen los acuerdos acordados con la justicia de otros países que son parte de la investigación. La pregunta principal es: ¿Por qué estos supuestos delincuentes operan de manera impune en República Dominicana y luego son apresados, perseguidos o extraditados por negociaciones a cambio de que el gobierno dominicano se quede con los bienes incautados, “los visibles o tangibles y aquellos que no se ven” producto del crimen del narcotráfico, estafas al medicare en Estados Unidos, estafas a los bancos, desfalcos al erario público de otros países, etc.?
Solo basta con revisar los casos más recientes de Ernesto Paulino Castillo “Quirino”, Nelson Solano, Figueroa Agosto, los hermanos Benítez en la Florida, y ahora el mencionado caso de Arturo del Tiempo Marqués , dueño de la torre “Atiemar” en Santo Domingo, entre otros. Las autoridades deben revisar estos patrones de actuar en estos casos y las autoridades de otros países deben vigilar más de cerca a los gobiernos dominicanos, pues como dicen muchos en las calles del país, la economía dominicana está blindada producto del dinero que mueve el narcotráfico; y las últimas preguntas serían, ¿está reemplazando el negocio del narcotráfico al turismo y las remesas como fuente económica en la República Dominicana?, ¿cuáles funcionarios del gobierno se benefician de los bienes provenientes del narcotráfico y las estafas?
