Los inmigrantes enfrentan problemas para obtener una vivienda asequible en Nueva York

Nueva York, 3 dic (EFE).- Los inmigrantes enfrentan serios problemas para acceder a inmuebles seguros según sus posibilidades, viven hacinados y enfrentan prácticas depredadoras de los propietarios, reveló un estudio presentado hoy por organizaciones comunitarias.

Los inmigrantes enfrentan más problemas que los nacidos en este país, advierte el estudio, realizado por el “Pratt Center for Community Development” y dado a conocer en conferencia de prensa en la sede de la Coalición del Inmigrante en Manhattan.

Destaca que más de 1,5 millones de inmigrantes se mudaron a Nueva York entre 1990 y 2007 en busca de mejor vida y que, como resultado, el 37 por ciento de la población de la ciudad no nació en EEUU.

La población en general de la ciudad creció de siete millones en 1980 a ocho millones en 2000 y se proyecta que sobrepase los nueve millones para 2030, un crecimiento que podría explicarse por la inmigración.

Sin embargo, las unidades disponibles de vivienda no responden a la realidad de una creciente población y muy pocas de las nuevas construcciones son asequibles para familias de bajos o medianos ingresos.

Igualmente, indica que al igual que los residentes legales, los inmigrantes enfrentan problemas económicos, mientras los ingresos de la familia permanecen iguales.

El ingreso promedio de una familia de cuatro miembros que tiene como jefe a un inmigrante es de 35.000 dólares, “significativamente más bajo” que el de una familia encabezada por un estadounidense, apunta el estudio.

Revela también que más de la mitad de los inmigrantes consultados para el estudio -el 56,7 por ciento- invierten más del 30 por ciento de sus ingresos para pagar el alquiler de su vivienda en contraste con el 47 por ciento de los estadounidenses.

El alto coste de la vivienda y la dificultad para encontrar una que puedan pagar ocasiona que muchos inmigrantes comparten el espacio.

Los resultados del estudio señalan que éstos tienen tendencia a vivir en condiciones inaceptables bajo la ley de la ciudad, como sótanos u otros espacios que no están preparados para ser habitados.

Por lo menos la mitad de los 541 inmigrantes consultados dijo vivir en este tipo unidades ilegales, de las que se estima existan unos 100.000 a través de la ciudad, concentradas en vecindarios de inmigrantes.

Los resultados indican también que los inmigrantes tienen menos acceso a unidades con subsidio del gobierno y que la barrera del idioma les dificulta también encontrar un buen hogar, negociar con los dueños de la propiedad y entablar una demanda si sus derechos han sido violados.

El activista Angel Vera, de la organización “Make the Road New York” comentó que el incremento del coste de la vivienda ha hecho más difícil que los inmigrantes puedan encontrar una vivienda decente “lo que ha provocado que muchos se muden a otros estados”.

“Esto se suma a que los dueños hacen lo posible, legal e ilegalmente, para sacar a los inquilinos, sobre todo, si viven en unidades de renta estabilizada” para convertir el espacio en un edificio de apartamentos o remodelar las unidades, subir el precio y alquilar a no inmigrantes “con mayores oportunidades económicas”, comentó.

Entre las prácticas que usan para sacar a los inquilinos de los apartamentos está el hostigamiento – que llega, en algunos casos, hasta amenazas de deportación-, así como no hacer reparaciones ni brindar calefacción en invierno, como exige la ley.

Comentó como ejemplo el caso de un matrimonio de inmigrantes con una niña de tres meses, que era una de dos familias que quedaban viviendo en un edificio de seis apartamentos, en malas condiciones y sin calefacción, en el sector de Bushwick en Brooklyn, donde brinda servicios “Make the Road New York”.

El dueño del edificio les amenazó que la agencia de protección infantil les iba a quitar la niña por vivir en un apartamento sin calefacción y que al padre le deportarían por ser indocumentado.

La familia, que pagaba 600 dólares se atemorizó y se mudó del edificio, que era lo que el dueño buscaba y que finalmente lo remodeló y aumentó el alquiler a 2.800 dólares.

Las organizaciones comunitarias comenzarán en enero una campaña, basada en los resultados del estudio, para impulsar mejores leyes en materia de vivienda y para que todos los departamentos gubernamentales cumplan con la ley que les obliga a traducir los documentos accesibles al público en los seis principales idiomas de la ciudad, incluido el español.EFE